Autor : José Cavani Ríos,
Abogado
Diario : El Peruano - TRIBUNA LIBRE / OPINIÓN
Fecha : 24 de junio de 2001
"En el plano económico se percibe con más claridad que en el político el sentido y el contorno de la política, de sus hombres y de sus hechos" (José Carlos Mariátegui)
Una de las medidas más importantes de nuestro Gobierno de transición es el haber puesto en conocimiento general la forma como se maneja la economía peruana, con lo que ayuda a crear un clima de confianza en esta área tan importante, al incentivar una participación más directa de los ciudadanos en el manejo del plan económico y financiamiento del Estado.
El artículo 77 de nuestra Constitución Política precisa que "la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso".
Dicho presupuesto es -a decir de Kurt Burneo- "un instrumento esencial de política económica en toda sociedad que expresa financieramente el plan de corto plazo del gobierno y debiese reflejar los objetivos nacionales de mediano y largos plazo". Por esto es también interpretado como "el límite máximo de gastos autorizado".
El manejo de un presupuesto es de antigua data, pero su regulación por el Estado encuentra su origen en Inglaterra a la que se le atribuye haber vinculado la expresión presupuesto (budget) con el gobierno de las finanzas estatales.
Sin embargo, es durante el reinado de Juan Sin Tierra, en 1215, que por presión de los feudales, se estableció que los gastos reales dejaran de ser secreto de Estado.
En el Perú, el gobierno de Ramón Castilla -el 27 de marzo de 1848- da la primera Ley Presupuestal en la que se rescata, como apunta el constitucionalista José Pareja Paz Soldán, "la responsabilidad en el cumplimiento de las metas a que esos fondos se han destinado".
Luego de la dación de esta importante norma fueron significativos los avances legislativos en materia de regulación del presupuesto hasta llegar a la reciente promulgación de la Ley de Gestión Presupuestaria (2 de diciembre de 1999), que rescata algunos principios rectores de este tema (integridad, exactitud, anticipación y nulidad) sin darle énfasis a uno de los más importantes, pero que en la actualidad tiene gran reconocimiento, como es el principio de publicidad.
En su libro Finanzas públicas, Luciano Castillo nos recuerda el valor del principio antes aludido: "Es en rigor la forma positiva más importante del control directo de la bolsa estatal por el pueblo en que reside la soberanía".
Del mismo modo, agrega que una exigencia de la democracia es que las finanzas dejen de ser -como antaño- de manejo exclusivamente reservado al gobierno, pues "la publicidad real del presupuesto da una oportunidad a la crítica positiva que impide el derroche de los recursos públicos".
En la misma línea, la publicidad de la información económica del Estado peruano permite la permeabilidad de éste para recibir la crítica al manejo de su política financiera, más aún cuando se difunden las cuentas del Estado a través de Internet, que de acuerdo con palabras del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, facilita "el vasto incremento de intercambio de información y las comunicaciones transfronterizas" de tal manera que se hace más evidente cualquier manejo inadecuado o acto de corrupción.
Así, las cuentas del Estado se vuelven transparentes y es justamente como debe ser para que aquél pueda cumplir con su función social de "favorecer la redistribución de la riqueza y disminuir los desniveles en el tenor de vida". Frente a esto, Raúl Ferrero, catedrático de la Universidad de San Marcos, nos diría que la misión del Estado, entre otras cosas, es ser el "defensor de los débiles y promotor del bien común, todo lo cual le exige tener una política económica y social", en esencia, brindar "libertad con seguridad económica".
El Perú vivió las duras consecuencias, en varios ámbitos, del manejo oscuro de las finanzas públicas, y es que, como remarca el economista Carlos Esteves, las dictaduras suelen temer "la organización autónoma del pueblo", así como "la fiscalización y rendir cuentas de su gestión".
Ejemplo de esto fue la incapacidad de afrontar las secuelas del Fenómeno de El Niño, la debilidad militar en el conflicto con el Ecuador y los reprochables casos de corrupción.
Así ocurrió en un Estado centralistas que recortó autonomía a los municipios encargando la administración de sus correspondientes recursos al Ministerio de la Presidencia.
Esto trajo como resultado la imposibilidad de adoptar efectivas medidas preventivas contra desastres naturales, por lo que, después de ocurridos éstos, sólo pudieron dar simples paliativos o subsidios que no solucionaron el problema de fondo de millones de familia sin viviendas ni trabajo y en desamparo.
De la misma forma, el Conflicto del Alto Cenepa demostró lo mal equipadas que se encontraban nuestras Fuerzas Armadas. Así, en plena guerra, "de 30 aviones Sukhoi, sólo tres volaban". No obstante, se alzan voces que piden un recorte del presupuesto destinado al sector Defensa (que ya había crecido desde el año pasado de 17.7 a 20.4 por ciento), basándose en la inexistencia de otros conflictos, sin tomar en cuenta el aporte de este ministerio a la lucha contra las drogas, la delincuencia, los posibles rebrotes del terrorismo y la disminución de la pobreza extrema en zonas alejadas del país.
Por desgracia, la falta de racionalidad en el gasto de Defensa e Interior se manifestó, de acuerdo con estudios especializados, en que éstas se "han diluido en adquisiciones de dudosa condición, en incalculables comisiones y en el montaje de una estructura de poder corrupta", lo que nos lleva a pensar que la solución a esto pasa más que por escindir su presupuesto -ubicado muy por debajo de los estándares internacionales- en iniciar un proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas.
Un conocimiento de las operaciones económicas reales del Estado nos permite ver la coherencia entre lo que proponen nuestros gobernantes y nuestras verdaderas capacidades financieras, además de saber cuán cierto es que se pueda recortar el presupuesto a sectores que no ayudan mucho al funcionamiento de la economía a favor de los sectores relegados como educación, salud y asistencia y prevención social. Así como la factibilidad de reasignar los recursos hacia los gobiernos locales.
Así quedó demostrado y vivimos "en carne propia" las consecuencias (pobreza y más desempleo) de no tener una apropiada racionalización de los recursos del Estado, a veces fruto de la falta de control directo y fiscalización de la misma población o que su administración estuvo sólo en manos del gobernante de turno, dando oportunidad a que se puedan alterar maliciosamente algunas cifras.
Al conocer no tan sólo el Presupuesto Nacional sino también los demás supuestos macroeconómicos -como el Producto Bruto Interno, el tipo de cambio real, las exportaciones e importaciones, el déficit fiscal, los ingresos tributarios y la inflación- que conducen el comportamiento de la economía en determinado período, podremos contribuir todos a la reforma paulatina y eficiente de nuestros presupuesto, disminuyendo el impacto recesivo que producirá eventuales recortes en el gasto del Estado, con miras al tan anhelado crecimiento económico.