Autor : PATRICIA ARACELI SÁENZ ZULETA
Medio : Negocios Internacionales
Fecha : Junio 2001.

Mediante la Ley N° 245, el día 23 de diciembre de 1999 fue creada la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Su objetivo es mejorar la gestión de las finanzas públicas, con prudencia y transparencia fiscal, con la finalidad de contribuir a la estabilidad económica como condición básica para alcanzar el crecimiento económico sostenible y el bienestar social.

Tras de la necesidad de proceder con prudencia y trasparencia en el campo de las cuentas públicas hay un tema de fondo: los recursos no son propiedad del Gobierno o de quienes lo manejan; esos recursos provienen del bolsillo de todo ciudadano que tributa. Por ende, el Gobierno tiene una gran responsabilidad al manejarlos, y lo debe hacer con la mayor prudencia y eficiencia posible, rindiendo cuentas a quienes corresponde; es decir, a quienes tributan.

Esta responsabilidad se entiende mejor cuando se comprende primero cual es la esencia de la relación entre el ciudadano y el Estado. Entre los varios motivos por los cuales un ciudadano tributa, hay dos relevantes para este análisis. Primero, porque requiere de bienes o servicios que él mismo o el sector privado no son capaces de producir. La provisión de estos bienes o servicios es, entonces, encargada al Estado y se le retribuye en forma de impuestos, tasas o contribuciones.

Una segunda razón para tributar es la necesidad de redistribución. La riqueza de un país habitualmente no está distribuida con equidad. El Estado, entonces, es el encargado de recaudar fondos de todos aquellos que éste en posibilidad de contribuir, y debe redistribuirlos a los segmentos de población que así lo requieran. Supuestamente, una de las mejoras maneras de redistribuir la riqueza es mediante la participación del Estado en la provisión de servicios básicos que permitan cubrir las necesidades primordiales de la población como por ejemplo, la educación y el cuidado de la salud.

Lamentablemente en los últimos años esta relación se ha visto profundamente distorsionada, pues estos recursos, pertenecientes a la población, no han sido destinados a la provisión eficiente de los bienes y servicios que no es capaz de producir el propio ciudadano, y por otro lado, la redistribución no ha sido tal, pues buena parte de esos fondos ha sido destinada al enriquecimiento de aquellos que los manejaban o tenían acceso a ellos.

Es así como la confianza de los contribuyentes en la autoridad económica se ha visto seriamente mermada y se ha incrementado la necesidad de una rendición de cuentas cada vez más detallada.

El ciudadano necesita saber que los recursos que con gran esfuerzo aporta al fisco están siendo bien utilizados.

LOS AVANCES

Al respecto, el actual Gobierno ha realizado avances importantes. En lo que se refiere a la prudencia fiscal, se tiene dos indicadores básicos: el crecimiento del gasto fiscal y los resultados primarios y económico del sector público. En lo que va del presente año, a diferencia de los dos anteriores, los resultados primarios y económico han sido positivos y el gasto se ha ajustado tremendamente (17% en el primer trimestre).

En lo que se refiere a la transparencia, los avances también han sido notorios.

En los últimos meses, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viene haciendo un gran esfuerzo por poner al alcance de la población el detalle de la ejecución del presupuesto público. A través de una página web diseñada exclusivamente para fines de rendición de cuentas (http://transparencia-economica.mef.gob.pe) el MEF permite al ciudadano acceder a información como las proyecciones macroeconómicas consistentes con el Marco Macroeconómico Multianual, los lineamientos generales del planeamiento estratégico, la ejecución del presupuesto y los datos más revelantes de las distintas entidades del Estado.

El mecanismo de transparencia implementado permite conocer cuál es el presupuesto asignado para las tareas del Estado, ya sea en términos funcionales (educación, salud, defensa, etc), de grupos genéricos de gasto (compras de bienes y servicios, inversiones, pagos a personal, etc.) o programas. También permite apreciar cuánto de ese presupuesto ha sido gastado, quiénes han efectuado ese gasto y de dónde provinieron los recursos para ese grupo de gasto.

Es interesante observar, por ejemplo, que los gastos en personal y obligaciones sociales son los que ocupan el mayor porcentaje de los gastos totales. En términos acumulados al mes de mayo se gastó más de S/ 3,600 millones de dicho rubro, que representó el 28.6% del gasto total. El segundo rubro en relevancia es el de los bienes y servicios, al cual se ha destinado cerca del 20% de los desembolsos correspondientes a los cinco primeros meses del año.

El mecanismo permite ir a un más allá, y analizar más en detalle esta cifra; y en su desagregación por funciones conocer, por ejemplo, que aproximadamente el 30% de este gasto en bienes y servicios estuvo destinado a las funciones de defensa y seguridad nacional. También permite conocer que dependencias, dedicadas a cumplir la función de defensa y seguridad nacional, han participado en este gasto y en qué monto.

No obstante, un ciudadano acucioso, "curtido" por la experiencia y con explicable desconfianza en la autoridad económica y política, requerirá, probablemente una mayor desagregación. Siguiendo nuestro ejemplo del rubro de defensa, se requeriría conocer, por ejemplo, si las armas que se compraron cumplían un propósito legítimo, si no hubo manipulación alguna en las cuentas destinadas a dicha operación, quién fue el proveedor y si éste fue legítimamente escogido, ya que por algo existe una Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado . A este nivel de detalle el ciudadano no es capaz de llegar si lo que se publica es únicamente "que para cumplir con sus funciones de defensa nacional del ejército peruano gastó S/ 170 millones en bienes y servicios".

La conclusión a la que se llega es que la transparencia debe ser mayor. Todo ello al amparo del Decreto de Urgencia N° 035-2001 del 17 de marzo del presente año sobre el acceso ciudadano a información sobre finanzas públicas, que señala que "la participación ciudadana debe ser fiscalizadora de última instancia del accionar gubernamental" y que, a su vez, cita el numeral 5 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, el cual dice que " la persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa información referente a las finanzas públicas y toda entidad del sector público tiene la obligación de proporcionarla en forma veraz y oportuna".

Lo anterior no implica desconocer el enorme esfuerzo desplegado para fines de transparencia, impensable en décadas pasadas. Hoy la necesidad de transparencia es reconocida por el Gobierno en el Marco Macroeconómico Multianual, al señalar que como parte de la línea de trabajo que adoptará el Estado de hoy en adelante "se promoverá la introducción de una cultura de programación y evaluación trasparente del gasto público, en la cual la ciudadanía tenga una participación activa en el control del accionar público". Esperamos que el próximo gobierno sepa recoger uno de los más valiosos aportes que le deja este Gobierno de Transición de que no quede en abandono el gran esfuerzo iniciado.